Cómo proteger el derecho de conciencia del proveedor de cuidado de la salud

 

En Alaska, la corte suprema estatal ha opinado que los hospitales privados que reciben fondos estatales o federales deben hacer que sus salas de operación estén disponibles para la realización de abortos electivos, ya que han pasado a ser (según la ley constitucional estatal) instituciones "cuasi públicas" al recibir dichos fondos.[1] Si bien a la Corte aún no se le ha presentado directamente la cuestión de si hospitales con afiliación religiosa están incluidos en esta disposición, hay afirmaciones en la opinión que sugieren que la disposición sí se aplica a dichos hospitales.[2]

En Texas, un jurado consideró que un hospital privado debía pagar más de 42 millones de dólares por no tomar en cuenta objeciones de los padres y brindar cuidado para sustentar la vida de un bebé que nació luego de veintitrés semanas de gestación.[3] Sólo a través de la intervención de tribunales de apelación quedó liberado el hospital de esta responsabilidad.

En California, un grupo de médicos ha sido demandado por violar leyes antidiscriminatorias del estado debido a que una doctora se rehusó a inseminar artificialmente a una paciente involucrada en una relación lesbiana. La Dra. Brody, una cristiana y empleada del grupo, había acordado tratar a la paciente por infertilidad. Sin embargo, la doctora había dicho claramente desde el inicio que no estaba dispuesta a inseminar artificialmente a la paciente. La paciente estuvo de acuerdo con este plan, y comenzó el tratamiento.[4] Circunstancias posteriores hicieron que la paciente obtuviera cuidado de otros proveedores, y finalmente concibió y dio a luz a un varón.[5] No obstante, la paciente demandó a la Dra. Brody, así como el grupo de médicos, por violar la ley de California que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. El tribunal de primera instancia descartó el caso por encontrar que estaba sujeto a la Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro de Trabajadores ("ERISA"), ya que el cuidado médico debía ser administrado de acuerdo con un plan de cuidado de salud provisto por el empleador.[6] Sin embargo, el tribunal de apelación intermedio revocó la decisión, basándose en que no es el propósito de ERISA tener prioridad sobre reclamos por discriminación en la provisión de cuidado médico. El asunto está ahora a la espera de un juicio.

El hilo conductor de estos casos es la insistencia en que los proveedores de cuidado de la salud cumplan con las exigencias de los pacientes, independientemente de la naturaleza de estos pedidos, e independientemente de toda exigencia que entre en conflicto con la conciencia de los proveedores de cuidado de la salud. Además de los casos descritos anteriormente, los pacientes, o los representantes de los pacientes, han insistido, en diferentes oportunidades, en que se quite la nutrición e hidratación administradas artificialmente a pacientes que parecen no tener ninguna esperanza de recuperar su salud.[7] Hay pacientes, o sus representantes, que han intentado también exigir a hospitales católicos que permitan a obstetras realizar esterilizaciones a mujeres inmediatamente después de dar a luz[8] y han exigido que los hospitales católicos brinden "contracepción de emergencia" a víctimas de violaciones, independientemente del hecho de que este tipo de medicación podría actuar como abortivo cuando es usada por mujeres durante los períodos posteriores a la ovulación de sus ciclos menstruales.[9] En todos estos casos, los pacientes, o sus representantes, ha afirmado que sus "derechos" a ciertos procedimientos son supremos y pasan por encima de toda otra consideración, incluyendo la consideración de cualquier objeción moral o de conciencia expresada por los proveedores de cuidado de la salud. El propósito de este artículo es analizar la legitimidad de esta afirmación.

Los derechos de los pacientes y de los proveedores de cuidado de la salud

Bajo los principios existentes de la ley estadounidense, los pacientes que reciben cuidado médico en definitiva retienen el derecho de escoger qué puede hacerse con sus cuerpos.[10] Esta capacidad de escoger, sin embargo, tiene límites. Por ejemplo, en la gran mayoría de estados, los pacientes no pueden escoger tener médicos que los ayuden a suicidarse.[11] En tanto y en cuanto el tratamiento o la terapia que busca el paciente está fuera de las normas establecidas de la medicina, un proveedor de cuidado de la salud que desiste de brindar tratamiento o terapia estará protegido y, de hecho, se le podrá exigir que rechace el cuidado solicitado. La cuestión en disputa es: cuando el tratamiento o terapia se encuentra dentro de las normas establecidas de la medicina, ¿en qué medida puede un paciente exigir que un médico u hospital brinde un tratamiento o terapia específico por sobre la objeción del proveedor de cuidado de la salud?

Al comienzo de una relación médico-paciente, un médico generalmente podrá limitar la magnitud y el alcance de su obligación de tratar al paciente.[12] Similarly, in most circumstances, a private hospital may limit the procedures it offers to the patients it serves.[13] Esta potestad de definir anticipadamente los límites de los procedimientos y terapias médicas que un médico u hospital está dispuesto a brindar, combinado con la capacidad histórica de los hospitales y médicos de definir sus áreas de especialidad o de rechazar a pacientes por completo, ha creado, tradicionalmente, una protección sustancial contra reclamos de pacientes o pacientes potenciales por servicios que ofendían la conciencia de los proveedores de cuidado de la salud.

Esto sigue siendo cierto en gran medida hoy. Al informar a pacientes potenciales, antes de entrar en la relación paciente-proveedor de cuidado de la salud, que ciertos procedimientos y terapias no serán provistos, los médicos y hospitales normalmente están protegidos contra reclamos posteriores de que están negando indebidamente a los pacientes terapias adecuadas o de que los están abandonando.[14] Al fijar dichos límites al inicio de la relación, tanto el paciente como el proveedor de cuidado de la salud tienen la opción de declinar entrar en la relación de acuerdo con las condiciones ofrecidas. Todo intento de establecer límites a procedimientos o terapias una vez establecida la relación paciente-proveedor podrá estar sujeto a las obligaciones fiduciarias del proveedor respecto del paciente que surgieron del establecimiento de la relación paciente-proveedor.[15] Una restricción de este tipo implica también el riesgo de que la condición del paciente pueda volverse tal que buscar u obtener otra asistencia médica no sea realista. Por lo tanto, el no fijar ningún límite deseado a los procedimientos o terapias antes de establecer la relación podría exponer a los proveedores a órdenes judiciales exigiéndoles que cumplan con las exigencias de los pacientes.[16]

Desafíos al derecho de conciencia de los proveedores de cuidado de la salud

Sin embargo, el consenso general que reconoce el derecho de los médicos y hospitales de limitar tratamientos y procedimientos que brindan está bajo fuego. Este conflicto entre las exigencias de un paciente y el concepto que tiene el médico del cuidado médico ético –que suele considerarse a menudo un problema moderno– es tan antiguo como la profesión médica misma. El Juramente Hipocrático trata directamente dos temas que probablemente provoquen un marcado desacuerdo hoy: el papel del médico en ocasionar la muerte del paciente y el aborto: "A nadie administraré un mortífero veneno aunque me fuera solicitado, no usaré abortivos en las mujeres encintas".[17] La inclusión de estas declaraciones evidencia el debate moral con relación a dichas prácticas 2500 años atrás".

Hoy suele argumentarse que el derecho al aborto, los medios de contracepción artificiales, la tecnología reproductiva asistida, el suicidio asistido por un médico u otros procedimientos o medicamentos permitidos legalmente dejan de tener sentido sin médicos que estén dispuestos a brindar dichos servicios. Es decir, la capacidad misma de un paciente de escoger estos procedimientos depende de la existencia de un médico que esté dispuesto a facilitar la elección que haga el paciente. En consecuencia, la falta de disposición de un médico para actuar de cierta forma debido a su conciencia se convierte en una barrera para la autorrealización del paciente.

Cuando se entiende de esta forma, la pregunta pasa a ser: ¿La libertad de quién debe prevalecer? ¿Deberá el médico permanecer libre para actuar de acuerdo con su conciencia, o deberá el paciente tener la libertad de obtener un servicio legalmente permitido de cualquier médico? De una forma u otra, la libertad de alguien se verá restringida. Si la ley obliga a los médicos a brindar tratamientos en conflicto con su conciencia, la libertad de un médico de practicar medicina de acuerdo con su conciencia se ve reducida. Si la ley deja la cuestión en manos del acuerdo privado individual entre cada paciente y médico, la libertad del paciente para obtener ciertos procedimientos y medicamentos se ve reducida por la posibilidad de que el médico que lo trata no ofrezca el conjunto completo de opciones legalmente permisibles. ¿Cuál reglamentación es más justa?

A fin de contestar esta pregunta, las dos libertades en juego deben ser examinadas. El reclamo del paciente suele ser presentado de una de dos formas, ya sea en términos de la autonomía personal o del alivio del sufrimiento. Los reclamos de autonomía, si bien podrán ser convincentes cuando expresan una razón para no estar sujeto al cuidado médico coercitivo, son menos persuasivos cuando se articulan como una razón para obligar a otro a actuar. "Mi derecho de ser libre exige que usted haga X" parece equilibrarse fácilmente por la afirmación del médico: "Tengo el derecho de no hacer X", en la ausencia de alguna promesa o compromiso previo.

Los pacientes afirman, alternativamente: "Estoy sufriendo debido a mi condición y, al hacer X, mi condición se verá aliviada, así que usted (médico, enfermera, farmacéutico, hospital) debe hacer X, como parte de su compromiso con el alivio del que sufre". Este fue reclamo de los pacientes en Washington vs. Glucksberg, donde los pacientes reclamaron un derecho constitucional para el suicidio asistido por un médico.[18] Mientras que la Corte admitió la realidad del sufrimiento soportado por los pacientes, reconoció que la legitimidad de otros valores de la sociedad impedía a los médicos ser forzados a aliviar el sufrimiento de los pacientes de esta forma.

La libertad de actuar de acuerdo con la conciencia del médico o del proveedor de cuidado de salud suele ser defendida en discusiones contemporáneas afirmando que forzar a personas a violar sus conciencias las fuerza a negar sus identidades propias, construidas de forma única, y esto es injusto. La justificación más tradicional para la libertad de conciencia es el derecho de todos los humanos de servir a Dios antes que a las personas, y la futilidad de las exigencias del gobierno en sentido contrario.

Ahora es el tiempo para que los proveedores de cuidado de la salud examinen sus conciencias y consideren sus compromisos. Debido a que hay intervenciones dentro de la medicina que son permisibles legalmente pero no moralmente, los proveedores de cuidado de la salud deben "elegir a quién van a servir".[19]

 

Referencias


[1] Valley Hosp. Association. Inc. v. Mat-su Coalition for Choice, 948 P.2d 963 (Alaska 1997).

[2] Id. at 971 n. 18.

[3] Miller v. HCA, 118 S.W.3d 758 (Tex. 2003).

[4] Benitez v. North Coast Women's Medical Care Group, 131 Cal.Rptr.2d 364, 367 (2003).

[5] Peter Y. Hong, Lesbian Sues Over Doctor's Refusal to Help, Seattle Times, Feb. 25, 2003, disponible en http://seattletimes.nwsource.com.

[6] Benitez v. North Coast Women's Medical Care Group, 131 Cal.Rptr.2d 364, 366 (2003). El resumen de la apelación del demandante puede verse en Human Rights Campaign Foundation, Law Briefs (Mar. 2003) disponible en www.hrc.org/publications/lawbriefs/v06n01.pdf.

[7] Gray v. Romeo, 697 F. Supp. 580 (D.R.I. 1988).

[8] Taylor v. St. Vincent's Hospital, 369 F. Supp. 948 (D. Mont. 1973); and Allen v. Sisters of St. Joseph, 361 F.Supp. 1212 (D.C. Tex. 1973).

[9] Al menos ocho legislaturas estatales han considerado proyectos de ley relacionados con la contracepción de emergencia en 2002, a partir del 7 de octubre de 2002, según Center for Reproductive Rights. State Trends in Emergency Contraception Legislation disponible en http://www.crlp.org/st_ec.html. Comparar United States Conference of Catholic Bishops,Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services ¶36 (4th ed. 2001) disponible en www.nccbuscc.org./bishops/directives.htm y Guidelines for Catholic Hospitals Treating Victims of Sexual Assault disponible en http://www.pacatholic.org/bishops' statements/guidelines.htm.

[10] Schloendorff v. Society v. New York Hospital , 105 N.E. 92 (N.Y. 1914).

[11] See Washington v. Glucksberg, 521 U. S. 702, 710 n. 8 (1997).

[12] Giallanza v. Sands, 316 So. 77, 83 (Fla. App. 4th Dist. 1975)(C.J. Walden, dissenting), Brandt v. Grubin, 329 A.2d 82 (N.J. 1974), Childers v. Frye, 158 S.E. 744, 746 (N.C. 1931), Ricks v. Budge, 64 P.2d 208 (Utah 1937), and McNamara v. Emmons, 97 P.2d 507 (Cal. App. 4th Dist. 1939).

[13] Ver por ej: Ham v. Holy Rosary Hosp., 529 P.2d 361 (Mont. 1974).

[14] Giallanza v. Sands, 316 So. 77, 83 (Fla. App. 4th Dist. 1975)(C.J. Walden, dissenting),Brandt v. Grubin, 329 A.2d 82 (N.J. 1974), Childers v. Frye, 158 S.E. 744, 746 (N.C. 1931),Ricks v. Budge, 64 P.2d 208 (Utah 1937), and McNamara v. Emmons, 97 P.2d 507 (Cal. App. 4th Dist. 1939).

[15] See Maxwell J. Mehlman, Fiduciary Contracting Limitations on Bargaining Between Patients and Health Care Providers, 51 U. Pitt. L. Rev. 365 (1990).

[16] Comparar Gray v. Romeo, 697 F. Supp. 580, 591 (D.R.I. 1988) (que encontró que el hospital no avisó al paciente o a la familia del paciente que no estaba dispuesto a quitar nutrición e hidratación administrada artificialmente a un paciente al momento de la admisión del paciente, y por lo tanto ordenó al hospital cumplir con la solicitud de la familia del paciente); Matter of Jobes, 529 A.2d 434, 450 (N.J. 1987) (igual); with Brophy v. New England Sinai Hosp., Inc., 497 N.E.2d 626, 639 (Mass. 1986)(donde el hospital se opone a la remoción de nutrición e hidratación administradas artificialmente, el paciente debe ser transferido a otro centro u hogar).

[17] "El Juramento Hipocrático", reimpreso en Stephen E. Lammers & Allen Verhey, eds., On Moral Medicine 107 (1998).

[18] 521 U.S. 702 (1997).

[19] Josué 24:15.

 

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